El buque ZIM Virginia , de bandera israelí y operado por la naviera ZIM Integrated Shipping Services, atracó en la madrugada del 4 de Octubre en el puerto de Barcelona tras su participación directa en operaciones de suministro militar al ejército israelí.

La embarcación regresa de Israel rumbo a Estados Unidos después de haber entregado una carga que incluía 13 toneladas de componentes de helicópteros militares, 5 toneladas de proyectiles, 16 vehículos tácticos FMTV y 6 vehículos militares Oshkosh. Dos días atrás, el barco fue expulsado del puerto italiano de Livorno gracias a la acción decidida de los trabajadores portuarios italianos y la intervención del prefecto Giancarlo Dionisi, quienes se negaron a colaborar con una empresa que consideran cómplice del genocidio contra el pueblo palestino. Sin embargo, en España han encontrado las puertas abiertas.

Como denuncia la Unió Sindical de Treballadors del Port de Barcelona (USTP), el barco se mantiene en el puerto de Barcelona “con el silencio y la complicidad absolutas de las autoridades”, pese a la vigencia del decreto-ley que prohíbe el tránsito de material militar con destino a Israel.

La promesa del Gobierno español de vetar el paso de armas hacia Israel es papel mojado. No se ha implementado ninguna medida para hacerla efectiva.  advierte la USTP.

Esta inacción convierte al puerto de Barcelona en cómplice del genocidio en curso. Exigimos su expulsión inmediata y el bloqueo de cualquier buque implicado en operaciones de suministro militar al Estado de Israel.

De esta forma, la USTP anuncia su adhesión a la huelga general convocada para el 15 de octubre, llamando a sindicatos y organizaciones sociales a sumarse a una movilización que busca cerrar los puertos europeos a las operaciones logísticas de Israel, siguiendo el ejemplo italiano.

Un embargo vulnerado continuamente

El ZIM Virginia tiene prevista otra  escala en el puerto de València el 5 de octubre, donde también han surgido llamamientos sindicales y ciudadanos a impedir su atraque.

Hasta ahora, y a pesar de la aprobación del embargo español, cuatro buques con destino Israel (Petrolina Ocean, ZIM Virginia, Danica Sunrise y Marianne Danica) han atracado en puertos españoles transportando material bélico. El mismo  ZIM Virginia ya operó en puertos españoles durante 2024 y 2023. Usando los puertos de Barcelona (14 de septiembre de 2024) y València (15 de septiembre de 2024) como escala para el tránsito de cargamentos militares vinculados al ejército israelí. Organizaciones de solidaridad con Palestina y colectivos obreros reclaman una respuesta unitaria en los puertos españoles para bloquear el tránsito de armamento y cumplir el embargo de armas anunciado por el Gobierno.

La crisis de los derechos humanos ante la hipocresía gubernamental

El actual escenario internacional revela una profunda crisis del sistema de derechos humanos y del propio orden multilateral. Las vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidas por Israel en Gaza- ampliamente documentadas por organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional- no han tenido respuesta alguna por parte de los Estados, más allá de declaraciones vacías o medidas simbólicas sin aplicación real. Ningún país ha impulsado sanciones efectivas, ni se han activado mecanismos de rendición de cuentas ante tribunales internacionales, dejando en evidencia la brecha entre los principios proclamados y las acciones emprendidas.

En este contexto, el Real Decreto-Ley aprobado el 23 de septiembre de 2025 por el Gobierno español, que prohíbe la exportación, importación y tránsito por puertos y aeropuertos nacionales de material de defensa, tecnologías de doble uso y combustibles militares con destino a Israel, parecía un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la medida se revela insuficiente y contradictoria: el propio texto legal contempla excepciones autorizables por el Consejo de Ministros y excluye las bases estadounidenses de Rota y Morón, abriendo grietas legales que facilitan la continuidad de operaciones militares bajo una opacidad administrativa alarmante.
Sin mecanismos efectivos de inspección, control o verificación del cargamento, el embargo se convierte en una declaración vacía, incapaz de frenar la complicidad logística con un Estado que vulnera de forma sistemática el derecho internacional.

Esta tibieza institucional contrasta con la fuerza del activismo civil: miles de personas se movilizan en toda España y Europa exigiendo el boicot a las empresas israelíes y la ruptura de relaciones logísticas y militares con el gobierno de Netanyahu.  Aunque el humanismo europeo y las instituciones multilaterales atraviesan una grave crisis de legitimidad, la respuesta de los pueblos es firme. Un clamor colectivo recorre las calles del mundo: hacer valer los derechos humanos más allá de los discursos, exigir coherencia y justicia allí donde los Estados callan o consienten.

Como concluye el comunicado de USTP: “ante la dejadez y complicidad de nuestros gobiernos, lo único que puede poner fin a esta locura es nuestra propia lucha”.